04/04/2017.
La denominada Causa Los Sauces que tramita ante el Juez Federal en lo Criminal Dr. Claudio Bonadío, ha dado por acreditados todos los hechos que fueron materia de denuncia penal por parte de la Diputada Margarita Stolbizer, y por tal motivo ha procesado a la Sra. Cristina Fernández de Kirchner en calidad de Jefa/organizadora de una asociación destinada a cometer delitos en perjuicio del Estado. En igual condición también ha procesado a sus hijos Máximo y Florencia, a quienes el juez asigna funciones directivas en la organización. Y también ha dispuesto el procesamiento de Lázaro Báez y todos sus hijos, Cristóbal López y Fabián De Souza, Osvaldo Sanfelice, Romina Mercado, el contador Víctor Manzanares, los escribanos intervinientes en las distintas operaciones y empleados de las empresas que tuvieron a su cargo el pago de alquileres, emisión de cheques, etc., para formalizar en los hechos las relaciones comerciales y financieras entre Los Sauces, sociedad de la familia Kirchner y el grupo de empresarios que pagaba sumas millonarias a la referida sociedad.
«El procesamiento de la Sra. de Kirchner también explica las razones por las que se ha dedicado a insultarme, a ordenar hacerme operaciones mediáticas y ensuciar mi vida y mi carrera. La diferencia es que puedo demostrar cómo y de qué vivo. Algo que ella no puede hacer. Su enriquecimiento patrimonial se debe a las negociaciones y vínculos comerciales y financieros con los empresarios a los que ella y Néstor Kirchner han beneficiado con sus decisiones políticas: concesiones de obras públicas y de áreas petroleras y licencias de juego. Eso es lo que concluye el magistrado disponiendo el procesamiento y el embargo por $130 millones».
«Ella era la jefa de la banda. Como lo había sido su marido y como luego también lo fue su hijo. Desde la política manejaron negocios para beneficiarse personalmente, produciendo enormes perjuicios al Estado. Pero además los delitos contra la administración pública, afectan la paz social, la tranquilidad pública y generan indignación y alarma social, según reconoce el mismo juez. La causa ha llegado a un punto importante. Las pruebas de los delitos son suficientes y ahora debe avanzarse con el enjuiciamiento oral para terminar en una condena que, entre otras sanciones, disponga la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos, tal cual lo dice la Constitución Nacional, y la devolución de los dineros que formaron parte del saqueo del Estado por la corrupción de los funcionarios. Así los ciudadanos podrán volver a creer en la justicia y en la política».