Abogada – Política – Diputada Nacional

37 FORO ANUAL DE PARLAMENTARIANS FOR GLOBAL ACTION (PGA)

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Presentación de la Diputada Margarita Stolbizer, Argentina, Miembro del Comité Ejecutivo de PGA
San Salvador, 30 de noviembre 2015
EL PAPEL DE LOS PARLAMENTARIOS EN APOYO DE LA PAZ Y LA SEGURIDAD

DIA 1: MEJORA DE LA UNIVERSALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA APLICACION NACIONAL DEL TRATADO DE COMERCIO DE ARMAS

Sesión de Apertura: Causas y consecuencias de la violencia armada. Tráfico ilícito de armas. La promoción de los derechos humanos.

Presentación de la Diputada Margarita Stolbizer, Argentina, Miembro del Comité Ejecutivo de PGA.

El Tratado de Comercio de Armas fue aprobado el 2 de abril de 2013 por la Asamblea General de Naciones Unidas y entró en vigor el 24 de diciembre de 2014, noventa días después de su ratificación número 50.

Entre el 24 y el 27 de agosto de este año tuvo lugar en Cancún, México, la Primera Conferencia de los Estados parte del Tratado, habiendo participado más de 120 delegaciones y organizaciones de la sociedad civil.

Los cinco países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU -Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido- se encuentran entre los mayores comerciantes de armas del mundo. Junto a Alemania suministran las tres cuartas partes de las armas que hay en el mundo.

Cinco de los diez principales exportadores de armas -Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido-, han ratificado ya el TCA. También lo han ratificado otros importanes comerciantes de armas como Suecia, Sudáfrica y Bélgica. Sin embargo, Estados Unidos e Israel no lo han ratificado a pesar de haberlo suscripto. China, Rusia y Canadà continúan ofreciendo resistencia al tratado.

Los principales importadores de armas son los países árabes e India.

Nuestra región registra una amplia adhesión aún cuando restan ratificaciones de muchos países y padecemos en gran medida las consecuencias violentas del tráfico ilegal de armas.

El TCA busca reducir los altos niveles de violencia armada, por la vía de la regulación del comercio y el compromiso de los estados para las actividades de venta, exportación, distribución, transporte de armas convencionales, pequeñas o ligeras.

Procura ademàs que las armas (a través de regulación y control legal de los estados) no vayan a parar a manos de organizaciones criminales que son luego usadas para el ejercicio de violencia contra las personas y las poblaciones, para la perpetración de todo tipo de delitos, y en particular para el crimen complejo, narcotráfico y terrorismo.

El tráfico ilícito de armas de fuego en América latina y el Caribe está asociada con múltiples formas de criminalidad y violencia. Los datos estadísticos indican que de cada 8 armas que se fabrican en el mundo, una termina en las redes del crimen organizado.

Datos informativos a tener en cuenta:

– Según cifras oficiales, hay un comercio global de armas que alcanza los 100.000 millones de dólares.

– Según el Instituto Superior de Estudios Internacionales de Ginebra, cada año en América Latina 650.000 armas ligeras y pequeñas salen de los propios arsenales del estado o de los ciudadanos para ingresar al mercado ilegal.

– De acuerdo a los últimos datos publicados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), casi medio millón de personas (437.000) perdieron la vida a causa de homicidios dolosos en todo el mundo en el año 2012. (Estudio Mundial sobre el Homicidio, publicado en 2013).

– Se estima que en el ámbito mundial y durante el período 2007/2012, un promedio de 508.000 personas murieron de forma violenta cada año, lo que representa más de 3 millones de muertes violentas en 6 años.

– Hay regiones y subregiones que han experimentado permanentemente niveles elevados de homicidios. Así ocurre, en particular, en América, cuyos índices durante la última década se han mantenido altos e incluso han ido en aumento. Más de una tercera parte del total de homicidios dolosos (36%) tuvieron lugar en el continente americano.

– A su vez, el uso de armas de fuego es particularmente predominante en América, donde 2/3 partes de los homicidios se cometen con éstas. el 66% con armas de fuego. ESTAMOS HABLANDO DE LA REGION DEL MUNDO DONDE MAS PERSONAS MUEREN A CAUSA DE ARMAS DE FUEGO SIN ENCONTRARNOS EN UN CONFLICTO ARMADO.

– 875 millones de armas de fuego circulan en el mundo

– 43% de los homicidios en el mundo son cometidos con armas de fuego. En América Central el 78% y en América del Sur el 83%.

La probabilidad de ser asesinado por arma de fuego en AL es 6 veces mayor que por arma blanca. Debemos pararnos y preguntarnos de qué morimos en AL? homicidios, suicidos, abuso de la fuerza policial. En todos los casos, el involucramiento de las armas pequeñas y de uso convencional resulta letal. sobre las causas y las consecuencias deben reflexionar los paises en ámbitos como el de los parlamentarios. Y de qué manera también la violencia armada tiene impacto negativo en la vida y la seguridad de las personas y en el desarrollo de los pueblos.

– Entre un tercio y la mitad de todos los robos en AL fue perpetrado con arma de fuego en el 2012.

– El mercado ilegal de armas creció de manera significativa. A qué se debe?

a) secuelas de guerras civiles en Centroamérica;
b) movimientos armados en Colombia y Perú;
c) desvío de armas de las fuerzas de seguridad por negligencia, robos o corrupción de los funcionarios;
d) facilidad en el acceso (mercados legales abiertos, Estados Unidos).

– Los países con altas tasas de homicidios en AL son aquellos que tienen altos porcentajes de posesión de armas de fuego.

Aspectos particulares a considerar:

1. El desplazamiento forzado como una de las consecuencias de la violencia por armas de fuego (triángulo norte de Centroamérica)

El aumento en la presencia del crimen organizado y sus distintas manifestaciones delictivas (asesinatos, secuestros, extorsiones, reclutamiento forzado por parte de pandillas), está llevando a que cada vez más personas se vean forzadas a dejar su lugar de residencia habitual para proteger su vida, libertad, integridad y seguridad física (y/o de sus familias), ante la falta de existencia de mecanismos de protección por parte del Estado. Este impacto humanitario de la violencia y la criminalidad en el triángulo norte de Centroamérica ha sido, en gran medida, desconocido e invisible, sin existir fuentes de información oficiales o confiables sobre la magnitud o características del desplaamiento forzado.

Cabe destacar que recientemente se publicó el primer informe sobre el desplazamiento forzado por violencia en Honduras, en donde se calculó que existe un mínimo de 174.000 desplazados internos por violencia en el país.

2. La importancia de los derechos humanos en la formulación de la legislación y las políticas públicas en relación a la violencia con armas de fuego.

Si bien existen varias propuestas legislativas y de políticas públicas para disminuir la cantidad de armas de fuego y sus consecuencias, es importante mantener una perspectiva de derechos humanos para determinar las mismas en el objetivo de combatir la violencia con armas de fuego.

La perspectiva de los derechos humanos permite abordar la problemática de la criminalidad y la violencia y su impacto en la seguridad ciudadana, mediante el fortalecimiento de la participación democrática y la implementación de políticas centradas en la protección de la persona humana, en lugar de aquellas que primordialmente buscan afianzar la seguridad del estado o de determinado orden político. Es necesario hablar de la seguridad humana.

Vamos a considerar tres aspectos:

a) La perspectiva de la víctima:
Según el derecho internacional de los derechos humanos, los Estados son responsables ante la ciudadanía por la implementación de planes y programas eficaces para la prevención del delito y la violencia, a partir de una estrategia que involucre diferentes cambios de institucionalidad estatal: desde el sistema de control policial-judicial, hasta las medidas de prevención social, comunitaria o situacional que deben ejecutar las entidades del sector educación, salud, trabajo o infraestructura, entre otros, comprometiendo además a los gobiernos en sus distintos niveles, nacional, provincial y municipal.

Cuando, a pesar de esa actividad preventiva, se producen víctimas de delitos o hechos violentos, el estado tiene la obligación de brindar a éstas la debida atención, conforme a los estándares internacionales. En especial, el Estado deben contar con una institucionalidad adecuada para aplicar protocolos de intervención eficaces, en los términos establecidos por la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delitos y Abuso de Poder de Naciones Unidas, por ejemplo, cuando establece orientaciones precisas respecto al acceso a la justicia y el trato digno y respetuoso; resarcimiento a cargo del victimario; indemnización supletoria por parte del Estado; asistencia material, médica, psicológica y social para las víctimas del delito y la violencia.

La violencia armada es un fenómeno que avanza de manera gradual y a veces silenciosa; y las principales víctimas suelen ser los sectores o poblaciones más vulnerables, como los niños, los jóvenes y las mujeres, víctimas de violencias de género, además de los más pobres.

A nivel global, dos terceras partes de las víctimas de homicidio cometido por compañeros íntimos o familiares son mujeres. Si bien la violencia armada afecta en mayoría a los hombres, las mujeres también son afectadas a la violencia asociada al uso de armas de fuego, muchas veces utilizadas para intimidar y asì facilitar situaciones de sometimiento, explotación, violencia sexual y todo tipo de violencia física o sicológica contra las mujeres. En los casos de violencia doméstica, la presencia de armas en el hogar aumenta el riesgo de femicidios.

Se estima que entre 2007 y 2012 un promedio anual de 60.000 mujeres en el mundo fueron victimas de homicidios. Más de la mitad de ellas perdieron su vida en uno de los 25 países con las más altas tasas de femicidos, con El Salvador, Honduras y Sudáfrica encabezando la lista.

Se advierte también la baja tasa de edad de las víctimas de homicidio con armas, de 15 a 29 años en América del Sur y Central, superando en más de cuatro veces la tasa promedio global para dicho grupo etareo.

b) La impunidad:
Una de las dimensiones principales de las obligaciones estatales en materia de derecho internacional de los derechos humanos se vincula al esclarecimiento judicial de conductas, con miras a eliminar la impunidad y lograr su no repetición. Tanto la Comisión como la Corte Interamericana han condenado la impunidad de hechos que vulneren derechos fundamentales ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares. Sin duda, la adecuada y eficaz administración de justicia por parte de las autoridades competentes y en la medida correspondiente por los entes disciplinarios a cargo del cumplimiento de las pensas, tienen el rol fundamental no solo en términos de reparación del daño causado, sino para disminuir el riesgo y el alcance del fenómeno.

La atención de los derechos de las víctimas constituye un paradigma a ser tenido en cuenta por los estados frente al tratamiento de los crímenes.

c) Poblaciones vulnerables:
En términos de reparación del daño causado por armas de fuego, el etado debbe garantizar el funcionamiento de sistemas adecuados especiales de atención a las víctimas especialmente vulnerables, como mujeres, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, población indígena o afrodescendiente. Así, las instituciones del estado deben disponer de personal especializado en todas las instituciones del sistema de seguridad ciudadana, que esté en condiciones de brindar un servicio integral de calidad a la población, con atención prioritaria de los grupos con más alta vulnerabilidad, haciendo efectivo el principio de igualdad y no discriminación.

Importancia del TCA y rol de los Estados

Hemos destacado la necesidad de contar con un instrumento global como el TCA, que ponga foco en la protección de la vida, los derechos humanos, la cohesión social, por sobre un mercado mundial de armas desregulado e irresponsable, con una mirada puesta exclusivamente en los altos niveles de rentabilidad de dicho comercio, sumado a las posiciones de poder y dominación que su tenencia asegura. Indudablemente la elaboración y aplicación de normas e instrumentos tendientes a regular el comercio de armas no ha evolucionado al mismo ritmo que la industria y el mercado de armamentos. Y frente a esto buscamos la reacción de los gobiernos y de los parlamentos.

La responsabilidad es de los Estados, que deben crear mejores condiciones para reducir la violencia hacia el interior de sus territorios, pero también asumiendo un compromiso con la comunidad internacional. En este mundo globalizado, frente a una industria de armas que opera a nivel mundial y con procesos cada vez más complejos, los gobiernos no pueden depender únicamente de los sistemas nacionales o regionales de control. Los Estados pueden regular el comercio internacional de armas concediendo o denegando licencias, con mecanismos de control severos que permitan certificar las condiciones de quienes serán los destinatarios finales de las transferencias de armas y estándares comunes para una estricta evaluación de riesgos previo a autorizar dichas transferencias, sin que ello quede librado a la mera lógica del mercado.

La importancia del TCA para promover la transparencia en las transferencias de armas convencionales y prevenir su desvío al mercado ilícito es fundamental, en particular para nuestra región, asolada por la violencia armada.

Precisamente para nosotros adquiere una dimensión tan importante por los vínculos estrechos entre ese mercdo ilegal y el crimen organizado: el desvío de armas convencionales va a parar a manos de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, el financiamiento del terrorismo, el lavado de activos, la trata de personas. Se trata de impedir que el flujo de armas llegue a las ruedas del cimen organizado y la delincuencia trasnacional.

El combate al tráfico ilegal de armas debe ser un eje fundamental de trabajo para la región, para fomentar La Paz y la seguridad y fortalecer la vigencia del estado de derecho, restringiendo con estrictos controles en el marco del mercado legal como precondición para limitar el potencial ingreso de armas al mercado ilícito y las consecuencias que ello trae sobre nuestras poblaciones.

Es necesario fortalecer las capacidades de los funcionarios encargados del control a nivel nacional, la coordinación de las agencias competentes estandarizando mecanismos para evaluar y disminuir riesgos en las transferencias evitando el uso irresponsable. Si queremos reducir los niveles de violencia, habrá que empezar por evitar que las armas lleguen a manos de criminales o a quienes pudieran valerse de ellas para cometer violaciones a los derechos humanos o actos graves de violencia en particular contra mujeres y niños.

Por supuesto que las armas son un factor de riesgo y lo el único. La reducción de la presencia de armas no constituye un fin en si mismo si se piensa que hay diversos factores que influyen en la escalada de violencia en nuestras sociedades, pero constituye una herramienta imprescindible para la protección de la vida y la integridad de las personas porque las armas exacerban los niveles de violencia y acrecientan el grado de legalidad, afectando a los sectores más desprotegidos.

Reducir el circulante de armas implica que cuantas menos armas haya en manos de la comunidad, menores serán las posibilidades de que éstas ingresen al circuito del crimen.

El proceso de adopción y ratificación ha sido fruto del esfuerzo compartido de estados y organizaciones de la sociedad civil. Pero esto recién comienza. La universalización y la implementación son los grandes desafíos. Esas son las prioridades de colaboración de los parlamentarios, para que las obligaciones asumidas en el tratado se lleven a la realidad, reafirmando nuestro compromiso con La Paz, la asistencia y la cooperación internacional, en el cumplimiento del mandato que ejercemos por voluntad popular, para que nuestra labor legislativa y de acción pueda honrar las expectativas y demandas de los pueblos que representamos.